Fuente: El Perídico.com
09/mayo/2019
M. Galiñanes, A. Barbarà y E. Rojo
Cirujano cardiaco, internista y psiquiatra, respectivamente.
Los recortes en sanidad durante la última década han tenido efectos muy negativos en el sistema público de salud en todo el Estado y especialmente en algunas comunidades como Catalunya, Madrid y Valencia. Las aglomeraciones de pacientes en las urgencias hospitalarias y las largas listas de espera tanto para visitas médicas como para acceder a pruebas diagnósticas y a procedimientos quirúrgicos son algunas de las consecuencias más sobresalientes. No es pues casualidad que las listas de espera y la calidad de la sanidad en general sean una de las principales causas de insatisfacción de los ciudadanos. Al sufrimiento de los pacientes y de las personas de su entorno causado por los recortes se añade un factor económico claramente negativo debido, por una parte, a la disminución de productividad de los pacientes afectados al no poder realizar sus trabajos de forma habitual y, por otra parte, a la utilización extra de servicios y terapias adicionales a la espera de los procedimientos diagnósticos y tratamientos definitivos.
El deterioro de los servicios públicos se debe al establecimiento de un libre mercado fomentado por intereses poderosos pero espurios que, de forma continua y progresiva, desvían una parte importante de los presupuestos sanitarios a consorcios y asociaciones especulativas. Este plan ha sido orquestado a través de una serie de actuaciones como son los recortes presupuestarios en sanidad, la desviación de pacientes de la sanidad pública a la privada, la ineficiencia y fragmentación de la gestión, el aumento de pacientes en las listas de espera, la precariedad e insuficiente número de profesionales, la falta de actualización tecnológica y la postergación de los profesionales que defienden una sanidad pública. En la parte I de este artículo presentamos algunas de estas actuaciones, que se completarán en la parte II.
1) Reducción de un presupuesto sanitario ya insuficiente: Desde el 2009, el gasto público en sanidad se ha reducido o no ha experimentado crecimiento. Con un gasto oficial del 6,26% del PIB en 2017 y un gasto público por habitante de 1.565 euros nos situaríamos a la cola de Europa y al mismo nivel de países como Grecia, Estonia, Hungría, Lituania o Polonia. A la infrafinanción del sistema sanitario se añade la injusta y desproporcionada distribución del presupuesto sanitario al dedicar tan solo el 14,3% a los servicios de Atención Primaria frente al 62,4% a los servicios hospitalarios y especializados.
2) Colaboración público-privada: La Comunidad Valenciana y la de Madrid son las que más han apostado por el modelo de contrato de colaboración basado en concesiones mientras que Catalunya ha liderado el flujo sanitario destinado a la contratación público-privada con un porcentaje del 24,1% y un importe de 2.450 millones de euros en el 2011, que en el 2016 aumentó a 6.175 millones de euros. Los defensores de la colaboración público-privada afirman que aumenta la eficiencia y la calidad de los servicios. Sin embargo, no hay ningún estudio que avale que la eficacia y la eficiencia mejoren con este tipo de partenariado. En realidad, este tipo de terminología se ha utilizado de forma perversa para ocultar el desvío de pacientes y recursos sanitarios de la sanidad pública a la privada.
3) Ineficiencia y fragmentación de la gestión: La gestión en el sistema sanitario público se caracteriza por una falta de transparencia y por una fragmentación en la canalización y distribución de los recursos que la hacen ineficiente. Se estima que entre el 20% y el 40% de todo el gasto sanitario se desperdicia por la ineficiencia. Es reconocido que los sistemas sanitarios más eficientes evitan la fragmentación de los recursos.
4) Aumento de los pacientes en las listas de espera: Los pacientes en listas de espera para pruebas diagnósticas, para tratamientos quirúrgicos y para visitar a un especialista han aumentado desde el 2010 y las últimas estadísticas del 2018 revelan que unos 600.000 pacientes están a la espera de un procedimiento quirúrgico y 1,5 millones pendientes de una visita del especialista, con un tiempo medio de espera quirúrgico de más de 90 días y para consultas externas de casi 60 días. La creación de las listas de espera conducen a un desvío de pacientes a la medicina privada donde el gasto sanitario por procesos es muy superior al de la medicina pública.
El sistema sanitario público necesita respuestas claras y efectivas para revertir el deterioro sufrido durante la última década y en la parte II de este artículo presentaremos el impacto negativo del resto de las actuaciones enunciadas al principio.
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