La Constitución española de 1978 ( https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con ) esbozó el marco legal para la transición de España de una dictadura a una monarquía constitucional con un democracia parlamentaria. Se trató de un compromiso transicional entre posiciones antagónicas, y no de un proceso constituyente, que preservó la unidad del Estado y la formación de nacionalidades y regiones (las Autonomías) con un grado variable de autogobierno. Bajo este marco, el gobierno central mantiene cierta autoridad, al tiempo que otorga a las Autonomías competencias delegadas por el Estado. Cataluña y el País Vasco tienen un mayor nivel de autonomía en comparación con otras regiones de España. Algunos académicos se han referido a este modelo de Estado unitario descentralizado, donde el gobierno central tiene mayor autoridad que las regiones, como de tipo federal o “cuasi-federación”.

 

Durante las últimas elecciones generales del 23 de junio de 2023, y cumpliéndose 45 años de la promulgación de la Constitución de 1978, el Partido Popular (PP) consiguió el mayor número de votos. Sin embargo, fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el que logró obtener el mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados formando un gobierno de coalición gracias a su colaboración con Sumar y el apoyo de los partidos independentistas catalán y vasco. El apoyo de los partidos independentistas catalán y vasco se obtuvo a cambio de una serie de pactos y concesiones del PSOE. Esto ha sido fuertemente cuestionado por los partidos de la oposición, diferentes asociaciones de jueces, fiscales y abogados del Estado, y también por la sociedad civil en general, lo que ha dado lugar a numerosas quejas y grandes manifestaciones públicas.

 

Dentro de los diferentes acuerdos para formar el nuevo Govern, ha suscitado especial preocupación la tramitación de una ley de amnistía a los políticos catalanes por las actuaciones emprendidas hacia la independencia de Cataluña durante la última década, el conocido como “procés” , debido a la grave degradación de principios democráticos. Existen diferentes motivos para el rechazo de la propuesta de amnistía, entre los que se incluyen:

1. a cambio del apoyo de los partidos independentistas, la coalición liderada por el PSOE ha aceptado indultar las infracciones cometidas por miembros de los partidos independentistas;

2. para que la coalición liderada por el PSOE obtenga el poder propondrá una ley de amnistía que requerirá la aprobación del Congreso de los Diputados;

3. los miembros de los partidos independentistas que hayan sido acusados ​​de diversos delitos ilícitos serán absueltos sin haber cumplido íntegramente sus penas ni haber reconocido sus delitos; y

4. la admisión por parte del presidente del nuevo Gobierno de que se ha impulsado la amnistía para obtener los votos de los diputados de los partidos independentistas para formar el Gobierno del país, al tiempo que declara que tal decisión no hubieran sido tomadas si sus votos no hubieran sido necesarios.

 

La propuesta de amnistía es solicitada por la coalición liderada por el PSOE, pese a que fue declarada inconstitucional por los abogados del Congreso de los Diputados en marzo de 2021, que llamaron la atención sobre el artículo 62.i de la Constitución de 1978, que establece: “Corresponde al Rey : 62. Ejerzo el derecho de indulto de conformidad con la ley, que no podrá autorizar indultos generales” ( https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con ).

Independientemente de cualquier debate sobre si la Constitución de 1978 permite la propuesta de amnistía, el aspecto más inquietante de las acciones emprendidas por la coalición del PSOE es la erosión de la separación de poderes mediante el mal uso del poder judicial para obtener beneficios políticos en la formación de Gobierno. . Esto ha motivado a diversas organizaciones a solicitar protección a las instituciones europeas para que se eviten los abusos antes mencionados y que en España se garanticen la equidad, la legitimidad y los principios democráticos que rigen la UE.

 

La degradación de la separación de poderes se produce en otros ámbitos de la política española, lo que devalúa la integridad democrática de las instituciones. Por ejemplo, en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mitad del órgano de gobierno de jueces es elegido por el Congreso de los Diputados y la otra mitad por el Senado, en votación por mayoría cualificada de tres -quintos. Esto implica que los principales partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo para realizar los nombramientos, algo que impide la independencia de la elección al proponer profesionales que suelen ser ideológicamente cercanos a los partidos políticos. Los miembros del CGPJ son nombrados para un mandato de cinco años pero actualmente, debido al intento de influir en los nombramientos, el órgano no ha sido renovado desde hace cinco años y el PP ha sido acusado de bloquear la elección del nuevo miembros. El bloqueo de la renovación del CGPJ también preocupa mucho a la Comisión Europea, que ha pedido abordar la situación de forma prioritaria, insistiendo al mismo tiempo en que el sistema electoral debe modificarse de acuerdo con los estándares europeos de tal manera que los miembros del CGPJ deben ser elegidos por los propios jueces (12 vocales reservados para jueces y magistrados y 8 elegidos entre juristas de prestigio), modelo que, en mayor o menor medida, se da en otros países de la UE.

Desgraciadamente, el control ejecutivo del poder judicial en España no se ha limitado al CGPJ y otras instituciones judiciales también han sido sometidas al mismo tipo de intrusión política. La propuesta del actual Gobierno de crear comisiones parlamentarias de investigación de las decisiones judiciales representa otra clara interferencia de los poderes ejecutivo y legislativo en el poder judicial. Por tanto, la falta de independencia del poder judicial en España es claramente una grave anomalía democrática.

 

También es necesario señalar que la fusión del poder ejecutivo (Presidente y ministros) con el poder legislativo (Congreso de los Diputados) en el sistema parlamentario español no corresponde a una separación estricta de ambos poderes. Sin embargo, se puede argumentar que esta integración no necesariamente viola la separación de poderes si se establecen mecanismos que sirvan como controles y contrapesos; sin embargo, el grado de superposición de poderes significa que la eficacia del sistema político depende de las disposiciones constitucionales y del compromiso de los actores políticos para defender los principios democráticos. Este no es el caso de España, donde la lucha por el poder transgrede frecuentemente estos principios, distorsionando la vida política, agravando y dividiendo a la sociedad civil.

 

Hay varios factores responsables del declive de la democracia, pero una cuestión central es qué papel juega el actual Estado unitario descentralizado en España. En primer lugar, hay que reconocer que este modelo “cuasi federalista”, que opera de arriba hacia abajo a partir de las instituciones gubernamentales, ha funcionado durante algún tiempo, permitiendo la transición pacífica de un Estado dictatorial a uno democrático, pero las deficiencias intrínsecas del modelo han terminado erosionando la actividad política y la integridad democrática de sus instituciones. Ahora la pregunta es ¿cómo se puede revertir el declive democrático para mejorar la gobernabilidad del país? En mi opinión, la alternativa más adecuada es la adopción de un Estado federal. En particular, si el modelo elegido es un federalismo centrípeto donde las decisiones se toman de abajo hacia arriba partiendo de los ciudadanos. En tal modelo, las diferentes regiones podrán gestionar sus propios asuntos delegando competencias comunes al Gobierno del Estado. Cabe señalar que un federalismo centrípeto es promovido por la Alianza Federativa de Federalistas Europeos (FAEF) en la redacción de la Constitución para la creación de los Estados Federados de Europa ( https://www.faef.eu/wp-content/ uploads/Final-Constitution.pdf ) para poner fin al déficit democrático que sufre la Unión Europea regida por tratados intergubernamentales.

 

Aceptando que la institución de una verdadera federación es el modelo más eficaz para preservar las diferentes identidades regionales, salvaguardar los principios democráticos y mejorar la gobernabilidad en España, cabe preguntarse cómo se puede implementar. Una forma rápida de hacer la transición desde el modelo existente de Estado unitario descentralizado será la modificación y actualización de la Constitución actual; sin embargo, la división entre los partidos y la falta de democracia dentro de los propios partidos pueden dificultar el logro de un acuerdo sobre las reformas constitucionales necesarias. Otra alternativa puede ser la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución en el que deban participar intelectuales independientes y la sociedad civil, con una ratificación final por parte de los ciudadanos en referéndum. Independientemente de la modalidad elegida, un Estado federal que funcione bien requerirá la provisión de estructuras gubernamentales apropiadas como se sugirió anteriormente (doi:10.4236/ojps.2023.134021; https://www.faef.eu/wp-content/uploads/Final-Constitution .pdf ) con los correspondientes controles y contrapesos y la participación directa de la ciudadanía.

 

Es más, para establecer un Estado federal en España es necesario tener en cuenta dos cuestiones importantes. El primero es el “mantenimiento de la unidad nacional” tal como se describe en el artículo 2 de la Constitución de 1978 ( https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con ), así garantizar que todas las regiones de España permanezcan unidas como un solo país y no como naciones separadas. Una posible solución para superar este obstáculo puede ser el mantenimiento del principio de unidad nacional durante un período de tiempo suficiente para que los ciudadanos puedan evaluar los beneficios del modelo federalista antes de que el tema sea finalmente sometido a consulta ciudadana. Un segundo obstáculo podría ser la compatibilidad de la monarquía constitucional existente con un Estado federal. Sin embargo, en este caso, una monarquía constitucional puede ser compatible con un Estado federal ya que la forma de gobierno (monarquía constitucional) y la estructura del Estado (federalismo) son conceptos separados y, por tanto, ambos pueden coexistir dentro de un mismo sistema político. De hecho, varios países del mundo combinan una monarquía constitucional con una estructura federal donde el papel del monarca es ceremonial y la gobernanza y la toma de decisiones políticas son responsabilidad de los funcionarios electos.

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En conclusión, el deterioro de la democracia en España ha alcanzado niveles alarmantes que amenazan la gobernabilidad del país y provocan zozobra entre los ciudadanos, situación que requiere soluciones imperiosas. La conversión del actual Estado unitario descentralizado, o Estado “cuasi federal”, en un verdadero Estado federal mediante una reforma consensuada o una nueva constitución, que defina claramente las responsabilidades de los diferentes poderes y la independencia entre ellos, es factible y puede ser la forma más viable y eficaz de proporcionar la legitimidad política y la estabilidad necesarias al país. Se espera que una implementación exitosa del federalismo en España estimule la transición de una Unión Europea regida por tratados a una Europa federal más democrática.

 

Manuel Galiñanes

Alianza Federal de Federalistas Europeos (FAEF)