Fuente: CTXT Contrato y acción
03/03/2020
La provisión de un servicio público potente, universal y de calidad requiere la reversión de los recortes presupuestarios y la aplicación de los recursos.
La sanidad, junto a la economía y la política, es una de las principales preocupaciones de los españoles. No es pues extraño que algunos políticos y gestores de la salud, conocedores de este interés de la ciudadanía, recurran al mantra de “la sanidad pública en España es una de las mejores del mundo”, para justificar sus actuaciones o la falta de las mismas. Este tipo de declaraciones son realizadas sin mencionar qué indicadores, si alguno, se han utilizado para llegar a semejante conclusión. Es insólito que estos mismos actores sean capaces de declarar sin ningún rubor justamente lo contrario, que “la sanidad pública es costosa y no funciona bien, lo que hace necesario la participación –desviación de pacientes– de la sanidad privada”; un argumento que, claramente, tampoco está fundamentado. De hecho, hay evidencia de que en realidad el coste de algunos tratamientos llega a ser en algunos casos de hasta seis veces más elevado en la sanidad privada que en la pública. Además, la sanidad privada no utiliza indicadores independientes, contrastados y objetivos –las encuestas de opinión y de satisfacción no son indicadores objetivos– que puedan ser empleados para comparar la calidad de los cuidados con la sanidad pública.
Un elemento clave de nuestro sistema sanitario es el exagerado énfasis puesto en el tratamiento de las enfermedades y en el uso de la biotecnología en lugar de centrarse en el paciente. Como consecuencia, se ha primado la actividad hospitalaria mientras que la atención primaria se ha infradotado de medios humanos y económicos. Los importantes cambios sociales producidos en las últimas décadas también han tenido un claro impacto en la salud de la población creando nuevas exigencias sanitarias. Por ejemplo, el aumento de la vida media se ha acompañado de una mayor prevalencia de patologías crónicas (hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios, distintos tipos de dependencias, etc.), que, junto al deterioro de las condiciones de vida (como los malos hábitos alimentarios y el incremento del sedentarismo y la contaminación ambiental), han sido responsables de una mayor incidencia de la obesidad, de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de varios tipos de cánceres.
Un elemento clave de nuestro sistema sanitario es el exagerado énfasis puesto en el tratamiento de las enfermedades y en el uso de la biotecnología en lugar de centrarse en el paciente.
Además de enfrentarse a una realidad sanitaria y social cambiante y diferente a la de su fundación, durante las últimas décadas el sistema sanitario público se ha visto amenazado por la introducción de políticas neoliberales en la gestión que, junto a presupuestos sanitarios insuficientes y la creciente privatización de los servicios, están contribuyendo a su deterioro y desmantelamiento. La reciente propuesta de la ‘Ley de Contratos de los Servicios Públicos’ en Cataluña, también conocida como ‘Ley Aragonés’, es un ejemplo de la voluntad de privatizar los servicios públicos, incluida la sanidad. El lenguaje poco claro y perverso utilizado por los defensores de estas políticas, cuya única finalidad es la externalización de los servicios públicos sin provocar la alarma de la ciudadanía, es preocupante. Afortunadamente, y esencialmente debido a la oposición presentada por los movimientos sociales, la denominada Ley Aragonés fue recientemente rechazada en el Parlament Català.
Para responder a los retos sociales y sanitarios actuales, profesionales de la sanidad pública y defensores de la misma se reunieron recientemente en Barcelona para identificar qué medidas son necesarias para impulsar el sistema público de salud. Los puntos principales de este debate se describen brevemente a continuación:
1. Potenciar la asistencia primaria como eje central de la asistencia sanitaria optimizando su estructura e incrementando los presupuestos. Más del 80% de las consultas y procedimientos en sanidad son realizados por la asistencia primaria. Siendo este el punto de entrada de los usuarios, su composición y estructura, así como su gestión, son claves para un buen funcionamiento.
2. Integrar los cambios estructurales y organizativos que deben aplicarse al sistema hospitalario para afrontar los retos sociales y sanitarios actuales. Un sistema asistencial centrado en la asistencia hospitalaria y la atención especializada es un sistema ineficiente y menos sostenible que el basado en la salud pública y en la asistencia primaria y comunitaria. La asistencia hospitalaria ha quedado desfasada, con un crecimiento injustificado del gasto y una importante sobrecarga asistencial, necesitando cambios estructurales y organizativos de calado.
3. Promover la participación de los profesionales sanitarios y de todos los sectores sociales en la estructura organizativa. Es de vital importancia la presencia de profesionales sanitarios en los consejos de administración; sus aportaciones son necesarias para la toma de decisiones, ya que poseen el conocimiento y son los que con sus actuaciones generan el gasto sanitario. Además de los profesionales sanitarios, los paciente, movimientos sociales y sindicatos han de formar parte de los consejos de administración y participar en la elección de los administradores. Los partidos políticos no deben influir en la gestión de las organizaciones sanitarias aunque podrán hacerlo a través de las políticas, objetivos y planes de salud.
4. Adoptar una gestión transparente basada en los procesos sin descartar la integración de elementos valiosos de la financiación capitativa, por la cual la financiación sanitaria se asigna prospectivamente para que una persona reciba la atención sanitaria durante un período de tiempo determinado. La buena gestión del Sistema Nacional de Salud es fundamental para alcanzar con éxito los objetivos sanitarios marcados y para conseguir un adecuado reparto de los recursos disponibles. Sin embargo, los órganos de gestión y planificación estratégica son elegidos por la administración política de turno, que con frecuencia carecen de conocimiento y preparación específica para gestionar la sanidad pública, generalmente responden a las líneas marcadas por los partidos políticos con criterios eminentemente economicistas, y a menudo no atienden a las necesidades sanitarias de la ciudadanía. Con estos métodos no es extraño que la sanidad pública haya sufrido un declive progresivo, incumpliendo de manera sistemática los objetivos y haciendo un uso inadecuado de los recursos.
5. Impulsar una política de medicamentos, productos sanitarios y diagnósticos desvinculada de los intereses de la industria farmacéutica y en el que los profesionales no tengan relaciones comerciales con las compañías ni puedan aceptar ningún tipo de apoyo u obsequio. Ha de ser un sistema que garantice la formación continuada de los profesionales independientemente de la industria, tanto directamente como a través de sociedades profesionales y sus guías de práctica clínica. Esto no sería un impedimento para el establecimiento de colaboraciones público-privadas en un marco de transparencia y corresponsabilidad.
6. Aplicar un registro digital y un sistema de codificación de los datos clínicos único y compartido. Es necesario un sistema de recogida de datos que sea único tanto a nivel nacional como internacional. De este modo se obtendría una información uniforme, rápida y útil, que permitiría la comparación de resultados y la identificación de los aspectos clínicos y de gestión que deben ser mejorados. Todo ello asegurando la privacidad y confidencialidad de los datos del paciente.
7. Proporcionar una atención integrada y continuada a los pacientes con patologías crónicas y a la vez desarrollar la prevención y la detección temprana de las mismas. Para ello es necesaria una colaboración y coordinación entre los profesionales de los diferentes niveles de asistencia (primaria, comunitaria y hospitalaria).
8. Mejorar los determinantes de la salud mediante la colaboración con los organismos correspondientes y los distintos sectores de la sociedad. Determinantes de la salud como la pobreza, el acceso a la vivienda y a la educación, la seguridad alimentaria y la integración social, entre otros, influyen en la salud y calidad de vida de las personas. Una visión holística y profundamente social para avanzar en estos contenidos ha sido promovida por diversos organismos, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero nunca ha sido suficientemente cumplimentada.
9. Fomentar la estabilidad en el trabajo de los profesionales sanitarios y asegurar su formación continuada. Se han de evitar los contratos precarios y los salarios deben ser apropiados al grado de preparación y a las exigencias laborales. Dentro de los profesionales sanitarios, la enfermería, al trabajar en estrecha colaboración con los usuarios, es clave en el correcto despliegue de las políticas sanitarias y en la promoción y prevención de la salud. Conscientes de la importancia de la enfermería en los sistemas sanitarios se ha puesto en marcha una campaña internacional denominada “Nursing Now” (promovida por la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) desarrollada durante el período 2018-2020), que tiene como objetivo mejorar la salud de la población mediante la potenciación de las competencias y las actividades de la enfermería.
Está claro que, además de implementar las medidas arriba expuestas, la provisión de un servicio sanitario público potente, universal y de calidad, que responda a las necesidades actuales de la sociedad, requiere la reversión de los recortes presupuestarios y la aplicación de los recursos necesarios junto a la paralización y reversión de su privatización.
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